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Cuarto teniente de alcalde de la capital catalana. Uno de los principales colaboradores de Ada Colau. Pieza clave en la fundación y primeros pasos de Podemos, partido del que se desentendió, al menos en lo orgánico, también muy pronto. Jaume Asens (Barcelona, 1972) proviene del activismo, como muchos otros de los líderes y portavoces de Barcelona en Comú. En su caso, del activismo relacionado con el Derecho, su profesión antes de dedicarse a la política activa.

Asens acaba de presentar en el Congreso de los Diputados un informe demoledor realizado por el propio Ayuntamiento de Barcelona que denuncia la violación de los derecho humanos durante las cargas policiales del 1 de octubre. Una fecha que, para Asens, puede ser fundacional, un parteaguas mucho más potente que el 15-M porque podría haber separado definitivamente a la sociedad catalana de la española.

El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un informe sobre las actuaciones policiales del 1-O en el que constatan una violación de los derechos humanos con el objetivo de "provocar el pánico". ¿Cómo llegan a esta conclusión?

Es una opinión que creemos que está fundamentada a partir de los diferentes relatos que hemos recabado sobre lo que ocurrió aquel día desde primera hora de la mañana. El uso de la fuerza en muchas de las situaciones descritas no era necesario para el objetivo que tenía encomendado. Hubo situaciones con una violencia muy grande donde no se incautó ninguna urna. Lo que nos parece es que se buscó causar miedo y que tuviera un efecto desmovilizador en la gente que no había votado. Una sociedad con miedo no sale a la calle a reivindicar sus derechos.

¿Cree que la prisión incondicional para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tiene el mismo fin?

También hay un objetivo de amedrentar, coger a dos personas como cabezas de turco para enviar un mensaje a la sociedad catalana para desmovilizarla. Uno de los argumentos que se utiliza precisamente es la posible reincidencia, que no se convoquen nuevas movilizaciones. El mismo patrón que vemos en el comportamiento de la Audiencia Nacional a instancias de Fiscalía lo vemos en la actuación del 1 de octubre.

Los Mossos d'Esquadra cerraron 500 escuelas sin tener que utilizar el uso de la fuerza, cumplieron el objetivo que les habían encomendado. La Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron un uso innecesario de fuerza.

¿Cree que hubo órdenes políticas para que las cargas policiales fueran más fuertes y lograr ese objetivo?

No lo sabemos. Esperamos que se pueda dirimir en la investigación abierta por el juzgado de instrucción 7 de Barcelona. Sí sabemos cuáles son las instrucciones de los Mossos porque están escritas y son públicas. Las que se dieron a Policía y Guardia Civil son opacas, sabemos que las dirigía un coronel de la Guardia Civil, que es un hecho bastante inédito, pero no sabemos el grado de responsabilidad de los mandos en lo que sucedió sobre el terreno.

Pero ustedes sí han exigido responsabilidades políticas. ¿Por qué?

Se creó un clima previo que en vez de desincentivar el conflicto lo espoleó. El fiscal general del Estado dijo que los catalanes estaban fuera de la ley al ir a votar a un referéndum que está suspendido, pero no ilegalizado. Otro ejemplo fue el de Huelva, cuando la Guardia Civil fue despedida al grito de "a por ellos" y un concejal del PP dijo que deseaba que a los catalanes se les diera hostias como panes. Son ejemplos y se pueden señalar otros, como el uso de mensajes institucionales contrarios a la neutralidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hay responsabilidades políticas evidentes previas al 1-O que explican por qué esa gente que llevaba tantas horas encerrada en los barcos de Piolín ejercieron una violencia sistemática y masiva.

¿Qué consecuencias tendrá lo que ocurrió el 1-O?

Ni la ciudad de Barcelona ni Catalunya son las mismas después del 1 de octubre. Hay una fractura importante. Es un acontecimiento que quedará grabado en la memoria del país, porque liberó una energía muy fuerte que sirvió también de empoderamiento de la ciudadanía, de catarsis, pero que a la vez causó una desafectación con el Estado, una ruptura emocional, muy grande. Tendremos que ver cómo se resitúa con el tiempo, pero lo del 1 de octubre es en cierta medida un 15M, multiplicado por no sé cuántas veces, que abre una nueva era política. Se ha creado una frontera muy grande entre quienes aceptan la violencia que se produjo ese día y los que no. Una frontera que es de unas dimensiones abismales.

Desde el 1 de octubre han ocurrido otras cosas: el 3-O, el Pleno del Parlament que declara y suspende la independencia, el requerimiento del Gobierno que activa el artículo 155 y la prisión incondicional decretada el martes para Sànchez y Cuixart. ¿Se puede dar marcha atrás? ¿Hay alguna posibilidad de que esa fractura que usted indica se pueda reparar?

No sé si hay marcha atrás posible, pero hoy la solución está más lejos que ayer. La democracia está herida. Y el Estado está subestimando la capacidad de movilización y de resistencia de la sociedad catalana. El 1-O fue un fracaso del Gobierno del Estado español, que insistió en que no iba a haber urnas. Y las urnas estuvieron.

No se puede gobernar Catalunya a golpe de porras. O se abre la puerta al diálogo o la apuesta por posiciones unilaterales será más mayoritaria. Los costes no solo lo serán para Catalunya sino que se están extendiendo al resto de España.

¿Y por dónde pasan las opciones de reconstrucción?

Hay daños que han dejado una marca muy profunda y que tardarán años en curarse. No sé si es irreversible pero cualquier solución pasa por un cambio en el Gobierno. Por eso hemos pedido la dimisión del presidente Mariano Rajoy, por eso apostamos por una moción de censura. Y por eso hemos interpelado directamente al PSOE. Si el PSOE forma parte del problema no podrá formar parte de la solución en el futuro. Ha de acabar con su política de apoyo al PP y de mirar a otro lado con episodios de vulneración de derechos humanos como los que estamos viendo.

No es una cuestión de independentismo, es una cuestión de democracia. Y la prisión decretada el martes nos parece especialmente grave porque tiene que ver con el ejercicio del derecho de reunión. Además contrasta mucho con la actuación que está teniendo el Gobierno y la Fiscalía a sus órdenes con concentraciones de carácter fascista en Barcelona o Valencia y que acaban en auténticas cacerías. Y la Fiscalía mantiene una actitud pasiva, no ha dicho nada.

En el caso de Sànchez y Cuixart hay una interpretación extensiva de un delito de sedición por un tribunal que no debería estar juzgando porque no tiene competencias al tratarse de un delito de desórdenes públicos, en contra de los pocos precedentes que hay. Pese a esa carga de deslegitimación, la Fiscalía actúa de comparsa al dictado del Gobierno y pide medidas cautelares completamente desproporcionadas que lleva a una decisión mediática, demagógica, de populismo justiciero.

Tenemos a Rato, a Millet o a Urdangarin en la calle por hechos que sí atacan al interés general mientras dos personas por convocar una manifestación pacífica están en prisión. Es evidente que hablamos de presos políticos, hay un contenido político muy claro.

¿Qué consecuencias políticas podría tener lo que está ocurriendo en Catalunya?

Esto no se va a acabar hasta que no echemos al PP del Gobierno. En el resto del Estado puede que se refuerce un repliegue y se legitime una suerte de frente nacional en el que se rearme en clave autoritaria el régimen del 78. Pero en Catalunya lo que está pasando es justo lo contrario. Hay un proceso de empoderamiento inédito que va mucho más allá del independentismo. El 1 de octubre se construyó una unidad de acción, un frente amplio y democrático que desbordó a los propios convocantes. La gente fue a votar por defender la democracia y las instituciones catalanas.

Este jueves termina el plazo que le dio el requerimiento del Gobierno para que Puigdemont rectifique la declaración de independencia suspendida. Más allá de reacciones políticas, ¿qué va a pasar después de que se ponga en práctica el artículo 155 de la Constitución?

El 155 es más leña al fuego, es escalar el conflicto a niveles de ruptura absoluta del marco de convivencia. Una de las consecuencias es que gente con discrepancias ideológicas, como nosotros con el Govern de Puigdemont, encontraremos incentivos para crear un frente común de resistencia democrática. Algo parecido a lo que pasó en los años 30 [del siglo XX] durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando diferentes tradiciones políticas se agruparon para hacer un frente común que terminó precisamente con esa dictadura. Estamos en un contexto donde nos estamos agrupando muchas fuerzas con el denominador común de la defensa de las instituciones catalanas y de las libertades. El catalanismo es más fuerte cuando se ha tenido que enfrentar a estas adversidades.

¿Podría haber un frente electoral en unas parece que inminentes elecciones en Catalunya?

No creo que se traduzca en un frente electoral. Igual sí en coincidencias programáticas. Es prematuro y todavía hay muchos acontecimientos por producirse. Pero es evidente que un 155 es un ataque al autogobierno y puede llevar a una situación de ocupación, ya que supondría destituir al gobierno y poner a un Gobierno títere del Estado español controlado por un partido que es minoritario y marginal en Catalunya. Que ese partido ostente la Generalitat haría la situación ingobernable.

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