Que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley es una frase tan repetida como falsa: basta con leer la Constitución donde queda claro que el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Pero los privilegiados no acaban con el rey, hay más. En el auto donde se imputaba a la infanta, el juez Castro desveló un detalle poco conocido: que Cristina de Borbón, como miembro de la familia real, tendría también el privilegio de poder responder a un interrogatorio por escrito, al ser llamada a declarar. El juez Castro ha sido un juez justo y objetivo pero, no le tocó a él sólo dictar sentencia. Esa es, precisamente, una de las razones que dio Castro para imputar a la infanta. Si la hubiese llamado como testigo y hubiese respondido por escrito "su testimonio estaría seriamente limitado por un cauce de procedimiento que impide plantear preguntas al socaire de las respuestas y con ello muy compleja la observancia del principio de contradicción", explicaba el juez. Claramente, declarar por escrito, con tiempo para releer y matizar cada respuesta, es una medida excepcional que favorece al testigo: así puede evitar contrapreguntas incómodas del juez y tirar balones fuera con mayor facilidad. Eso no reza para el ciudadano común.

Tras casi ocho meses de deliberaciones, y más de seis de investigación, ya hay sentencia en el caso contra la infanta Cristina de Borbón y su esposo, Iñaki Urdangarín, conocido como "caso Nóos".

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, decidió condenar a Urdangarín a seis años y tres meses de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la hacienda pública.

Las tres magistradas del caso absolvieron a la infanta Cristina,  de los dos delitos fiscales de los que estaba acusada, aunque le piden una responsabilidad civil a título lucrativo con su marido de 265.088 euros.

La fiscalía acusaba a Urdangarín de utilizar su condición de esposo de la Infanta para conseguir contratos públicos hinchados para organizar eventos de deporte y turismo en nombre del instituto Nóos y desviar parte de ese dinero a su bolsillo a través de sociedades pantalla.

El fiscal del caso pedía 19 años y medio de prisión para Urdangarín, exjugador de balonmano y deportista olímpico, mientras que para la hermana del Rey reclamaba la devolución de cerca de medio millón de euros, aunque no presentó acusación contra ella.

La fiscalía no presentó cargos contra la princesa Cristina, pero sí le pidió devolver cerca de medio millón de euros.

Una condena contra la hermana del rey Felipe VI y sexta en la línea de sucesión del trono hubiera sido una sorpresa,  al no presentar cargos contra ella la fiscalía y dado que ningún testigo la implicó en la trama durante el juicio.

Solo hubo una acusación contra la hermana del rey, la de la organización Manos Limpias,  que pedía ocho años por ser cooperadora necesaria en dos delitos fiscales cometidos por su esposo.

Sin embargo, la sentencia le reclama a Manos Limpias ( que en realidad fue Manos Sucias ya que trataron de chantajear a los acusados y si pagaban lo que les pedían retiraban la acusación). El juez fue benévolo con la Infanta ya que la multa a Manos Limpias sirvió para cubrir las  costas del juicio a la Infanta.

El juez Castro se llevó un gran disgusto trás hablar con el periodista Esteban Urreiztieta  con la sentencia recién sacada del horno, pero en sus palabras se adivina un cabreo supino con que la Infanta Cristina se haya ido de rositas. Después de todo lo que él hizo, con lo que tuvo que aguantar para conseguir sentar en el banquillo a la hermana del Rey. Ahora van las juezas del Tribunal del caso Nóos y se tragan el cuento chino de que ella era «una mujer florero». En pleno berrinche,  se acordó hasta de la Pantoja, a la que por lo visto no juzgaron como a una Infanta. Y todo eso lo dijo atónito, cuando aún sólo sabía el fallo. Ahora que ya se habrá leído la sentencia, debe de estar en plena pataleta. Hiperventilando.

Yo entiendo su drama, porque lo que hizo Castro tuvo que ser más duro que parir cuatrillizos en el desierto de Atacama. Hasta que él abrió la caja de Pandora,  en este país sólo le sabíamos soplar las velas a la monarquía. Hasta hace nada, la inmaculada Familia Real era indiscutible. Y pobre del que osara hacer públicos trapos sucios o mofarse de algún miembro. A España le pasaba entonces como a la Infanta con su marido: de tontos que éramos, resultamos inocentes.Los negocios de Iñaki Urdangarín, abrieron la senda ancha hacia la cárcel 

Castro se emperró en demostrar eso tan bonito de que «todos somos iguales ante la ley». Y cuando consiguió sentar a la Infanta en el banquillo, algunos hasta se lo creyeron. Sobre todo él. Por eso ahora, aunque comprendo su quemazón, me sorprende que dude de la capacidad de las tres juezas del Tribunal sólo porque han absuelto a la hermana del Rey. Las magistradas argumentan en su sentencia que no han encontrado ni una sola prueba ni testigo que incrimine a la Infanta en los delitos por los que han condenado a su marido a más de seis años de cárcel. Nadie pudo demostrar que Cristina de Borbón no fuera lo que dijo ser: una esposa ignorante, infantil y sumisa. Esa fue su legítima y bochornosa defensa, que pocos se creyeron y ninguno pudo desmontar.

Castro insiste una vez más en que a él nunca se la coló: «Cuando la interrogué me contestó mil veces con evasivas y así es muy difícil que me pudiera convencer. A lo mejor si me hubiera contestado me habría convencido». En su obsesión por la culpabilidad de la Infanta,  el juez olvida que durante el juicio la acusada no tenía que demostrar su inocencia, sino los otros su culpabilidad. Y eso, por más que le escueza, parece que no se consiguió.

La sentencia lo argumenta, no ha habido manera de pillar a la Infanta. Por eso en Castro dando por sentado que el Tribunal se ha tragado el paripé,  se adivina cierto desprecio por el trabajo de esas tres juezas. No sé si las está llamando tontas o también floreros, pero da a entender que no respeta su capacidad como magistradas en un caso que él parió con todos sus dolores. Y han tenido que ser tres mujeres las que le rompan, por fin, ese cordón umbilical.

La ignorancia de la Infanta Cristina y la compra del Palacio de Pedralbes

La infanta Cristina tuvo "dudas" antes de firmar la compra del Palacete de Pedralbes, que fue después la residencia de los duques de Palma, según declaró ante el juez instructor del caso Nóos el notario Carlos Masía, citado como testigo. El Palacio Real de Pedralbes (en catalán Palau Reial de Pedralbes) es un edificio situado en medio de una amplia zona de jardines, en el Distrito de Les Corts, en Barcelona y ahora sede de la Unión para el Mediterráneo. La historia del Palacio de Pedralbes tenía rancio monárquico.

En otros días durante 1919-1931 fue la residencia de la Familia Real Española en sus visitas a la ciudad. Actualmente el Palacio alberga el Museo de Cerámica y el Museo de Artes Decorativas. Eso sí le gustaba a la Infanta y más a Iñaki Urdangarín.

El Palacio tiene su origen en la antigua masía de Can Feliu, del siglo XVII. La finca fue adquirida en 1862 por el conde Eusebi Güell, junto con la vecina Can Cuyàs de la Riera. Juntas formaron la finca Güell, de gran extensión (30.000 m2). Se encargó la reforma de la torre Can Feliu al arquitecto Joan Martorell, que construyó un palacete de aire caribeño, acompañado de una capilla neogótica y rodeado de magníficos jardines. Más tarde, se encargó a Antoni Gaudí el encargo de reformar la casa y construir un muro de cerca y los pabellones de portería. 

Gaudí también se encargó parcialmente del diseño de los jardines de la finca, construyendo dos fuentes y una pérgola, y plantando diversos tipos de plantas mediterráneas (pinos, eucaliptos, palmeras, cipreses y magnolias). Todavía subsiste la Fuente de Hércules, restaurada en 1983; contiene un busto del héroe mitológico griego, sobre una pila con el escudo de Cataluña y un caño con forma de dragón chino.

Los jardines fueron diseñados por Nicolau Maria Rubió i Tudurí, a partir de un proyecto que integraba, en un trazado geométrico decorativo, gran parte de los árboles ya existentes, con un estanque y diversos elementos decorativos, como la fuente de Gaudí, bancos de bambú, tres fuentes luminosas obra de Carles Buïgas y diversas estatuas, como la de la Reina María Cristina mostrando a su hijo Alfonso XIII que hay delante de la entrada principal del palacio, obra de Agapit Vallmitjana.

Las anomalías observadas por la gente de a pie en el caso Noós son suficientes para darse cuenta que algo muy grave está ocurriendo con las leyes

En 1924 se convirtió oficialmente en Palacio Real. El 8 de junio de 1926, el Intendente General de la Real Casa y Patrimonio es autorizado para que acepte la donación que del Palacio de Pedralbes, con su parque y dependencias anejas, hace el Ayuntamiento de Barcelona en nombre de la ciudad al Patrimonio de la Corona. Al proclamarse la República en 1931, pasó de nuevo a ser propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, que decidió instalar el Museo de Artes Decorativas, inaugurado en 1932. Durante el régimen franquista volvió a ser residencia del jefe del estado. En 1990 se instaló el Museo de Cerámica; y el 4 de octubre de 1997 fue escenario para el almuerzo y recepción con motivo de la boda de la Infanta Cristina con Iñaki Urdangarín. 

 El notario dijo que preparó la compraventa "bajo instrucciones" del excontable de Nóos Miguel Tejeiro. Había "mucho nerviosismo".Tejeiro le indicó que si la hija del Rey Don Juan Carlos preguntaba sobre la viabilidad de la operación, debía responder que "esto va a comisión ejecutiva, la Caja de Pensiones ya lo tiene aprobado". Y es que, precisó ante la extrañeza del fiscal, para una venta de seis millones de euros "no basta con la aprobación del delegado de la oficina, hace falta que el comité ejecutivo, en este caso la Caja de Pensiones, apruebe esta operación, porque no es una operación ordinaria". Sin embargo, el notario recordó que en realidad "no estaba aprobado" y los "nervios" se debían a que, "según me manifestó Tejeiro, la Infanta había tenido una serie de dudas, no veía clara la operación y no quería firmar". Finalmente, el mismo día en que se escrituró la compraventa se aprobó la operación, según Masía, quien relató que después de todo "la Infanta no preguntó, porque su actitud era muy reservada, muy protocolaria". "A ver, normalmente la esposa mira al marido y firma, y ya está. Aquí, como por protocolo empezábamos antes, la Infanta no podía mirar, no podía seguir, tenía que ser la primera en firmar", explicó el notario, quien recordó que "se le veía cara de duda, pero tampoco preguntaba". Por otro lado, el notario también fue interpelado en torno a la constitución de Aizoon, de la que la Infanta es copropietaria al 50% junto a su marido, recordando que también participó en esta operación, que fue preparada y diseñada por Tejeiro, a quien le sugirió que, como es una empresa mercantil que "podía tener infortunio, que cambiara a gananciales para que así no tuviera que aparecer la Infanta". "Sólo sugerí que Urdangarin estuviera en régimen de gananciales para que la Infanta no tuviera que aparecer por ahí", incidió el testigo, aseverando que, pese a las consultas que le hicieron sobre cómo repartir el accionariado de la empresa de consultoría, "no me hicieron caso".

Uno de los primeros cometidos del más “igual ante la ley”, el rey Felipe VI, fue crear una suerte de cortafuegos para impedir que la imagen de la Corona quedara arrasada por el escándalo Noos. En su propósito de revitalizar e impulsar esta institución, no ha vacilado en enfrentarse a su propia hermana Cristina revocándole el uso del título de duquesa de Palma de Mallorca. Ésta publicó una carta donde quería poner de manifiesto que la renuncia era suya y no intransferible a otra persona y que no la despojarían del título. La Casa del Rey respondió con una inhabitual contundencia.

Desmentido rotundo y pulso en lo alto: "La revocación del Ducado le compete en exclusiva al Rey. La única renuncia voluntaria que le corresponde a la Infanta es la de sus derechos sucesorios". 

Ha sido la máxima escala de tensión, pública y oficial, después de que desde 2011 la infanta Cristina dejara de aparecer en actos institucionales. La “igualdad quedaba bloqueada”. Desde entonces se han evitado las fotos de familia, salvo en situaciones excepcionales: en junio de 2013 reapareció en la misa en conmemoración del centenario del nacimiento de su abuelo,  Don Juan, en la capilla del Palacio Real; tanto Cristina como Elena dejaron de ser Familia Real de la que Iñaki Urdangarin había sido eliminado para convertirse únicamente Cristina en familia del Rey tras la llegada al trono de Felipe VI. Eso sí, Cristina al no  renunciar a sus derechos dinásticos, sigue siendo la sexta en la línea sucesoria, por detrás de la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía, la Infanta Elena y los dos hijos de ésta.

En diciembre de 2011, la Casa del Rey, tras calificar de "no ejemplar" la conducta de Iñaki Urdangarin,  decidió apartarlo. “La Justicia es igual para todos”, dijo días después el todavía rey Juan Carlos I en su discurso de Nochebuena. Rafael Spottorno, siendo en enero de 2014 jefe de la Casa del Rey, calificó de "martirio" para esta institución la fase de instrucción del caso Nóos. El desgaste de la Corona era evidente.

 Desde que asumiera el trono, Felipe VI quiso dar un impulso regenerador a la Corona, exponiendo un elevado listón ético en busca de una conexión con la sociedad que la institución había perdido. En su investidura prometió "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente". Su afán por promover un discurso regenerador y cercano tenía en la figura de su hermana la Infanta Cristina un importante desafío ante el que ha preferido no quemarse, no mencionándola más.

 La sentencia Noos es fundamental para el estado de derecho, si Cristina de Borbón no renuncia ahora mismo a sus derechos dinásticos habrá un choque entra la legalidad y la legitimidad. Peligrará hasta la separación de poderes.

Ya ha habido políticos importantes que ha criticado el repetido dicho. “Todos españoles son iguales ante la ley”, El exconseller de Presidencia y diputado del PDeCAT, Francesc Homs, ha criticado al publicarse la sentencia, al abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, a quien ha recalcado que "no es verdad" que todos seamos iguales ante la ley y, en este sentido, ha calificado de "desoladoras" las palabras del letrado.

Roca, que ha comparecido ante los medios en Barcelona tras hacerse público el fallo del caso Nóos, ha celebrado la absolución de la Infanta en una sentencia que considera "histórica" porque a su juicio demuestra que "todos somos iguales ante la ley". Si Roca hubiera entrevistado al público en la calle, la absolución de la Infanta hubiera sido una ducha fría.

El exconseller ha respondido al abogado así: "Miquel, sabes que eso  de la “Igualdad” no es verdad, y además a mucha gente estas palabras nos resultan desoladoras viniendo de ti. Qué pena".

La desigualdad ante la ley se ve mejor si se leen tres artículos de la la propia ley de Enjuiciamiento Criminal.Es bueno, pues, ir derechos a la ley para ver quién más aparte de la realeza disfruta de ese privilegio medieval. 

Artículo 410.

 Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley.

 Artículo 411.

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: El Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino.

También están exentos del deber de declarar los Agentes Diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados.

Pero la lista de privilegiados no termina aquí. Hay que leer el artículo siguiente.

Artículo 412. 

-El Presidente y los demás miembros del Gobierno.

-Los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.

-El Presidente del Tribunal Constitucional.

-El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

-El Fiscal General del Estado.

-Los Presidentes de las Comunidades Autónomas. 

-Los Diputados y Senadores.

-Los Magistrados del Tribunal Constitucional y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

-Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo.

-El Defensor del Pueblo.

-Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de categoría superior a la del que recibiere la declaración.

-Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

-El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado.

-El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas.

-Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

-Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores civiles y los Delegados de Hacienda. 

Y QUEDA CLARO : TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY, PERO ALGUNOS MAS QUE OTROS.